Un empleado que haya sido sancionado por su empresa (con una amonestación verbal, días de suspensión o, incluso, despido) tiene la posibilidad de impugnar dicha sanción. Para ello, es importante conocer ciertos requisitos que debe haber cumplido la empresa en el proceso de sanción y que puede ayudarte a revisar nuestro abogado laboralista.

En primer lugar, según recoge el Estatuto de los Trabajadores, las faltas por las que se puede sancionar a un trabajador prescriben; a los diez días si son leves, a los veinte días si son graves y a los sesenta días si son muy graves. Todo ello desde que la empresa tuvo conocimiento de los hechos y, en cualquier caso, en un máximo de seis meses después de la falta.

Además, la empresa debe demostrar que los hechos que llevaron a la sanción son ciertos. Por ello, es importante reunir pruebas para demostrar lo contrario. Para conocer qué pruebas son válidas en estos casos, te recomendamos a nuestro experto abogado laboralista para que el proceso sea más sencillo.

POR ESCRITO Y PROPORCIONAL

Las sanciones siempre deben imponerse por escrito y, en caso de tratarse de un representante legal de los trabajadores o lo recoja el convenio colectivo, también se debe abrir un expediente sancionador contradictorio antes de imponer la sanción.

Por último, toda sanción debe ser proporcional a la gravedad de los hechos (leve, grave o muy grave). Casi todos los convenios recogen qué sanción corresponde a cada falta.

Si tu empresa no ha cumplido alguno de estos requisitos, puedes iniciar el proceso para impugnar la sanción. El primer paso es tratar de llegar a un acuerdo con la empresa solicitando un acto de conciliación. Si este no prospera, es necesario presentar una demanda ante los juzgados de lo social. En este punto, te aconsejamos recurrir a un buen profesional para asegurarte de que tu demanda prospera.